El secuestro del Mayo Zambada –condenado a cadena perpetua en EU– y el asesinato del exrector Cuén desataron una guerra que deja siete mil víctimas en la impunidad; dos años después de esos hechos, ningún funcionario ha sido procesado

CULIACÁN, Sin (Proceso).– La fractura del Cártel de Sinaloa consumada con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada García, y el presunto involucramiento de políticos locales con el gobernador morenista Rubén Rocha Moya a la cabeza, detonaron en ese momento una crisis de violencia y de gobernanza que prevalece después de dos años.

En una carta, Zambada García advirtió cómo fue víctima “de una traición”. Fue citado el jueves 25 de julio de 2024 a una reunión con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, exaliado de Morena y en ese momento el acérrimo rival del oficialismo estatal, en un inmueble del residencial Huertos del Pedregal.

La idea era zanjar las diferencias políticas. Pero Melesio Cuén fue asesinado y el Mayo secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos, donde fue detenido por las autoridades de ese país y recién condenado a cadena perpetua en una corte local.

Han pasado dos años desde que en Sinaloa se firmó una declaración de guerra. El predio de descanso en Huertos del Pedregal sigue con los sellos de aseguramiento, y en su interior la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó que en ese inmueble fue secuestrado el líder histórico del Cártel de Sinaloa y también fue asesinado Cuén Ojeda, político de los más poderosos de Sinaloa.

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Las únicas “novedades” del caso Sinaloa son la separación de Rubén Rocha Moya como gobernador, vía solicitud de licencia la noche del 1 de mayo de este año, y la acusación contra él y nueve de sus colaboradores, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de parte del gobierno de Estados Unidos por tener nexos con los Chapitos, la facción que traicionó al Mayo Zambada.

Con Información Tomada de PROCESO

Fuerzas federales aseguraron una bodega de presuntos integrantes de Los Rusos, del Cártel del Pacífico, con 81 armas y 274 mil cartuchos

Un operativo conjunto encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado por una célula del Cártel del Pacífico para almacenar armamento y municiones en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y fue resultado de cuatro meses de trabajos de inteligencia militar desarrollados por la dependencia.

Las autoridades ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en un inmueble ubicado en la colonia Federal de San Luis Río Colorado, con la participación de personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGR.

Entre el armamento decomisado se encuentran 81 armas largas, entre ellas una ametralladora Browning calibre .50, dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, 72 fusiles tipo AK-47, un fusil calibre .223 y cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros.

Además, fueron asegurados 128 cargadores de distintos calibres y 274 mil 800 cartuchos útiles para diversos tipos de armamento.

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Con Información Tomada de VANGUARDIA

La ONU-DH llamó a “continuar reforzando la seguridad de periodistas en riesgo en Oaxaca y en todo el país, mediante medidas oportunas y eficaces que permitan el ejercicio libre y seguro de su labor”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su “consternación” por los hechos ocurridos el miércoles 22 en San Pablo Etla, Oaxaca, convirtiéndose en el sexto caso de un comunicador ejecutado en lo que va del año, de acuerdo a la documentación del organismo.  

En su cuenta de X, la ONU-DH ponderó favorablemente que la Fiscalía General de la República (FGR) haya ejercido su facultad de atracción del caso, en busca del “esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia de las víctimas”.  

Al solidarizarse con la familia, sus colegas y el gremio periodístico, por el crimen, la oficina en México el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos recordó que Leyva “era un destacado periodista, reconocido por su cobertura política y su opinión crítica de la entidad”.  

El organismo resaltó que el comunicador “había señalado públicamente incidentes de riesgo”, de ahí que puntualizó en “la obligación de prevenir cualquier agresión contra quienes ejercen la libertad de expresión, en particular mediante el fortalecimiento de las medidas de protección cuando existan antecedentes de riesgo o agresiones”.  

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